miércoles, 24 de abril de 2013

De qué se trata? Los 6 items explicados para la gente



LA REFORMA JUDICIAL PASO A PASO PARA QUE UD. LA ENTIENDA

Vamos a compartir y a comentar los 6 proyectos que el Poder Ejecutivo Nacional envió en el año 2013 al Congreso para intentar reformar el poder judicial con el lema de ‘democratizar la justicia’.
Ojalá que así sea.
Nadie puede negar que es hora de una reforma judicial.
Por nuestra parte, siempre estaremos a favor de cualquier intento de sacudir el añoso árbol del Poder Judicial, lo cual provocará que rebrote y se renueve, porque la ciudadanía necesita mejores jueces, más justos, más empáticos socialmente, y mecanismos más ágiles y respetuosos de la Constitución en su integralidad.
El Poder Judicial es el único que desde 1983 no conoció reformas profundas. Y tiene una crisis de legitimidad mayor que el Ejecutivo y el Legislativo porque los funcionarios de Justicia no pueden alegar que la voluntad popular los elige o los mantiene.
La crisis del Poder Judicial se verifica en la convicción de la gente común: los juicios demoran demasiado y no hay garantías de que gane quien tiene razón, siendo habitual que ganen los poderosos económica o políticamente.

Sin entrar en filosofías jurídicas redactamos a continuación los 6 proyectos de reforma judicial, lo más claramente posible para que Ud. entienda de qué se trata antes de decidir rechazarla o aceptarla, y no como dijo alguien por allí “no se de que se trata pero me opongo”. La información es la única herramienta que el ciudadano tiene no solo para defenderse de los posibles abusos del Estado y sus actores, sino también de la manipulación y de ser utilizados por terceros en función de sus intereses que muchas veces atentan contra la democracia en nombre de esta. En Ud. está sacar las conclusiones una vez que entienda de qué se trata todo esto, no antes. Porque las mejores decisiones se toman en base a información, no en base a un impulso emocional, o incluso ideológico. 
Una pregunta válida es ¿por qué repercute tanto en la sociedad las críticas que la oposición tiene al proyecto de la reforma cuando casi nadie entiende bien de qué se trata? La respuesta es que la oposición utiliza discursos construido con ideas abstractas, no con precisiones técnicas sobre la reforma judicial, y esos discursos repletos de frases como "justicia independiente", "democracia", libertad" etc, apelan al aspecto emocional, provocan una reacción emocional en la gente. Es lógico, todos queremos defender esos principios, pero ¿hay en esos discursos justificación técnica alguna que pueda mantenerse en pie a la hora de analizar de qué se trata, de qué se habla?. En la sesión que se ha desarrollado hoy durante todo el día no se han escuchado debates legislativos, sólo debates políticos.
Por eso, acá está la información, para que podamos decidir si apoyar o no esta reforma desde la libertad intelectual que nos brinda el conocimiento: 

Los 6 proyectos de reforma judicial:

1. Declaraciones juradas
Regula la publicidad y accesibilidad de las declaraciones juradas de absolutamente todos los funcionarios y de terceros vinculados de algún modo a los dineros públicos.
Deberán estar disponibles en Internet, con excepción del anexo de datos reservados, que tiene que ver con la identidad de cónyuge, hijos, etc.
Se prevé el formato de las declaraciones ante AFIP, que son más escuetas que las que actualmente utiliza la Oficina Anticorrupción, lo que debería ampliarse, sin perder la objetividad que implica vincular ambos formularios.
En mi primera lectura, resulta incuestionable. Actualmente los jueces son los únicos funcionarios de los 3 poderes del estado que están exentos de transparentar patrimonio.


2. Publicidad de las carátulas de los expedientes y de las resoluciones judiciales
Un proyecto que pudo ser mejor, pero es un buen comienzo.
Impone que haya un listado accesible por Internet de todas las causas en trámite. No habrá información completa, sino sólo carátula, número de expediente, fechas de inicio, y poco más. Se podrán ver qué causas están abiertas, qué causas están cerradas, que causas están dormidas. Incluso esto le servirá a la población para ayudar a que una causa dormidas sea retomada antes de que expire y así lograr una resolución.
Sabemos que actualmente los jueces pueden ser comprados por tal o cual grupo político, económico o por algún individuo poderoso y con suficiente loby y al ser los jueces personajes desconocidos esto facilita que haya causas que se abren pero se quedan dormidas a propósito y nunca llegan a una resolución, por presiones, expirando sin lograr sentencia o resolución.
También impone que las resoluciones, acordadas y sentencias de todos los órganos judiciales deban ser publicadas inmediatamente en la web con su texto íntegro.
Se ordena reservar datos personales en asuntos que puedan afectar intimidad de las personas.

3. Mecanismos de ingreso 
Asume el Congreso y se le quita a la Corte Suprema, a las Cámaras y al Consejo de la Magistratura, las facultades para reglamentar el ingreso de empleados del Poder Judicial.
Tanto respecto al personal lego, como a los letrados, se establecen concursos públicos que acrediten la idoneidad constitucional. La lista definitiva de legos es luego utilizada por sorteo. La lista de letrados es por orden de mérito.
Los jueces ya no serán libres para elegir los secretarios de los juzgados, lo cual era una prerrogativa antirrepublicana que aún subsiste en algunos espacios de las instituciones argentinas.
Todos los cargos de funcionarios deben ser discernidos por concurso público, no por nepotismo. Es la única forma objetiva de acreditar la idoneidad constitucional.
Para mí, otro proyecto indiscutible y sumamente positivo.


4. Cámaras de casación
Se crean tres cámaras de tercera instancia, casadoras de sentencias: Contencioso Administrativo / Laboral y de la Seguridad Social / Civil y Comercial.
Como su nombre lo indica, estas cámaras funcionan como un tamiz, que separa las causas según su naturaleza, derivándolas en sus respectivas cámaras para ser tratadas con mayor rapidez y con mayor idoneidad. Para que no se acumulen en la Corte Suprema causas más o menos insignificantes frenando no sólo su resolución que debería ser inmediata, sino la de causas más importantes.
Se crea el recurso de casación en todos los fueros, el recurso de revisión de sentencia firme y se regula por primera vez desde la ley 48 el recurso de inconstitucionalidad que ahora tramitará ante las Cámaras de Casación.
De este modo, cuando antes se iba directamente a la Corte Nacional para discutir la constitucionalidad, ahora se irá a la Cámara de Casación a discutir la constitucionalidad. Y si todo falla, siempre quedará el recurso extraordinario de la ley 48 por cuestión constitucional o por caso federal.
Al contrario de lo que algunos opinan que tener 4 instancias previas hace más lento el proceso judicial, es de hecho todo lo contrario, ya que muchas causas pueden resolverse dentro de estas instancias sin esperar años archivadas en un depósito.
El tiempo dirá si este mecanismo será útil para que nuestra Corte vuelva a ser realmente un tribunal de excepción. Por ahora parece muy positivo que la Cámara de Casación resuelva muchos casos que hoy en día pasan directamente a la Corte Nacional. Esto significa una eficacia y eficiencia muchísimo mayor en la resolución de los casos. Actualmente la corte Suprema debe resolver más de 100 casos anuales, por eso muchos quedan archivados eternamente. Con esta reforma la Corte Suprema resolvería menos de 20 casos anuales, ya que muchos casos pueden ser fácilmente resueltos por la Cámara de Casación.


5. Regulación de cautelares
Básicamente, una cautelar es una medida que impide la aplicación de una ley ante la duda de si es constitucional o no (en otro momento podríamos discutir cómo puede ser anticonstitucional una ley debatida y aprobada por el Congreso de la Nación, Diputados y Senadores). Ante la duda de la constitucionalidad de una ley el poder judicial puede aplicar una cautelar para frenar la aplicación de esa ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo (si la ley es constitucional o no). Este proyecto establece un límite máximo de 6 meses en las cautelares. Se cree que ese plazo es más que suficiente para analizar y concluir si la ley es o no constitucional. Actualmente es emblemático el caso “Ley de Medios”. La Ley de Medios establece que ninguna corporación mediática puede superar un cierto número de licencias televisivas y radiales, para no acaparar todos los canales y así garantizar la pluralidad de voces y no la creación de una única opinión (sea del Estado o de una empresa privada). La Ley de Medios está en vigencia desde hace mucho tiempo, pero la empresa Clarin logró que se aplicara una cautelar frente al artículo que establece el máximo de canales televisivos (justamente el único articulo donde Clarin estaba excedido ya que es dueño del 32% de los medios de comunicación, cuando la segunda multimedios en la lista tiene el 10% de los medios). Esta cautelar aplicada a favor de Clarin duró varios años. Se cae por lógica que ningún juez puede tardar varios años en resolver si una ley es constitucional o no, por eso el límite pretendido de 6 meses. Finalmente se decidió que la Ley de Medios es constitucional (¿tanto lío con la cautelar eterna para al final darle la razón al gobierno?), pero se decretó que era inconstitucional ese párrafo de ese artículoso sobre le límite de licencias, apenas un par de renglones en 700 páginas, el único párrafo que afectaba a Clarin. Aquí podríamos reflexionar sobre la independencia del sistema judicial, que no sólo debe ser independiente del poder político sino de los grupos económicos también. Tomamos el ejemplo de Clarin por ser tan paradigmático, no por un ensañamiento particular.
Dejando ese debate de lado y volviendo a la regulación de las cautelares, esta reforma afecta a los casos corporativos, no populares ya que estos entran dentro de las excepciones contempladas en la ley, es decir que contrariamente a lo que se rumorea, esta reforma del plazo de las cautelares no se aplicaría en casos de derechos básicos (alimento, salud, vivienda, salario, etc). Se acostumbra actualmente a plantear el caso de los jubilados que estarían desprotegidos frente a una ley del Estado que quisiera embargar sus bienes, o en caso de que el gobierno quisiera “abrirles las cajas” como se dijo y quedarse con su dinero, nada de esto es cierto ya que como dijimos antes, esta reforma de ley no afecta al “común de la gente” sino a casos corporativos. Lo de quedar expuestos a la voluntad del gobierno es sólo una falacia sin fundamento alguno. Cualquier estudiante de derecho se lo puede decir. 
Lo que nadie dice también es que en todas las provincias hay limitaciones a las cautelares. En Santa Fe por ejemplo las cautelares contra el Estado no duran 6 meses como propone la reforma judicial sino que duran 90 días como máximo. Nadie menciona esto pero todos ponen el grito en el cielo por los 6 meses propuestos.


Consejo de la Magistratura
Otro proyecto que, salvo alguna fineza, me parece muy bueno y totalmente procedente.
Antes de pasar a su centro, digamos que, escondido en este proyecto también se establece el definitivo vaciamiento de funciones de superintendencia de la Corte, que esperamos que esta vez acate lo que la Constitución manda desde 1994. Claro, habrá quejas de los cortesanos que ya dos veces nulificaron leyes y decisiones del Consejo de la Magistratura para preservar su coto de caza presupuestaria, pese a la clarísima letra de la Constitución Nacional reformada.

El eje del proyecto es incrementar el número de consejeros de la magistratura, lo cual no hace al Consejo ni más ni menos ágil.
El pueblo elegirá 3 abogados, 3 jueces y 6 académicos/científicos, cargos que se repartirán por tercios mediante lista incompleta entre primero y segundo.
Se votará cada categoría a distrito único: es decir en todo el país una sola lista por categoría, como con presidente y vice, que se eligen en el mismo turno.
Duran 4 años y no pueden ser reelectos sino con intervalo de un período (excelente iniciativa, que debería extenderse a otras categorías).

Se discute si los abogados y jueces deben ser representantes de sus pares, o del pueblo, y qué intención tuvo la reforma de la Constitución Nacional al respecto.
El artículo 114 dice: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”
Nosotros entendemos que son representantes del pueblo, que no hacen una representación corporativa, y que no hay letra ni coma de la norma constitucional que permita entender que sólo pueden ser electos por sus pares. La interpretación contraria sólo parece desconocer la cláusula constitucional de la igualdad, y el principio republicano que inspiró a los convencionales.
El hecho de que deban ser postulados por los partidos políticos, no afecta en un ápice su independencia. Los partidos políticos son la más sagrada de las instituciones de la democracia. Que hoy sean horribles, o que sus miembros sean malos, no hace a la esencia democrática de la participación partidaria. Los partidos, tal como son, resultan la puerta de acceso de la ciudadanía al Estado, quienes hablan contra los partidos políticos suelen preferir otros grupos siempre más restrictivos, siempre más sectarios. Nuestra Constitución Nacional en su artículo 38, incorporado en 1994, nos impone una democracia con sistema partidocrático, porque el consenso constitucional de los argentinos entiende que es la mejor forma de participar.
Insistimos: no se están eligiendo popularmente jueces (lo cual no nos parecería tampoco mal): sólo se están eligiendo algunos a los miembros del Consejo que elige y destituye jueces. Los elige por concurso y los destituye con un proceso debidamente integrado.
Decir que los jueces estarán preocupados por su reelección, cuando no serán ni electos ni reelectos, o decir que los jueces temerán ser destituidos por una oleada electoral, son tonterías que sólo buscan desviar el debate.
Quienes dicen que elegirlos popularmente hará que el que gana una elección controle las tres funciones desconoce dos verdades: que la gente es la que vota, y hay que someterse a su voluntad; y que la idea contraria sería que quien pierde las elecciones, o ni siquiera participa, debe controlar el poder estatal...
El famoso sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) prevé, o mejor dicho requiere, que las tres funciones del Estado se entrecrucen, y que la voluntad popular atraviese a todas.
Hace años que venimos analizando un dato de la realidad: el Judicial es el único de los poderes que no está balanceado de modo alguno con la voluntad electoral. Y esa desconexión con la ciudadanía es causal de su falta de empatía con los problemas de la gente común, es causal de que mantengan tantos privilegios antirrepublicanos. Porque la falta de vinculación con la voluntad popular es causal de que no se sientan empleados públicos y funcionarios públicos sino más bien miembros de una monarquía alienígena que acaba de arribar al planeta Tierra para darnos una Justicia totalmente ajena...


Una reflexión:
Se quedaron cortos con la reforma judicial a nuestro criterio. Hacía falta mucho más. Sin embargo es “un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad”, es decir es un pequeño paso hacia delante, pero no por pequeño deja de ser significativo. Es un poco de lo que se necesitaba. Y en esta instancia de la historia, un poco es más que suficiente.
Con esta reforma, hacia allá vamos. Hacia un sistema judicial más democrático y escudriñado por el pueblo, no por poderes políticos ni tampoco corporativos,  con el fin de lograr más y mejores resultados en el sistema judicial, que más allá de nuestra posición política, nos toca a todos por igual.
Fuentes expositivo-explicativas: 
"La Viuda y El Juez" de Domingo Rondina
"Por qué sí y por qué no" de Alberto Benito Bosio
"Debatir" de Laura Paez
Párrafos argumentativos: Miguel Nuñez